Jairo Molero, síndico procurador del ayuntamiento local, calificó de política la decisión de la jueza Gloria Urdaneta; amparo que además adolece de muchos vicios al emanarse de un tribunal no competente en la materia. "Este amparo lo solicitó el sindicato de trabajadores del barrido manual, conformado en 100 por ciento por obreros que solicitan reivindicaciones laborales; por lo que debió ser remitido a una jurisdicción facultada en esta área, tal y como lo establece el artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT)".
Agotarán todas las medidas judiciales disponibles, al tiempo que solicitarán la remisión del caso a otro tribunal. La medida contempla además el pago de sueldos caídos a los trabajadores. "Nosotros no hemos botado a nadie, ya que los salserines no están adscritos a la nómina de la Alcaldía. Nadie les está cercenando el derecho al trabajo, la vida ni la protesta. Este es un problema más político que legal".
El proceso de publicación de la ordenanza de eliminación y supresión del Instituto Municipal del Ambiente (IMA) sigue en pie. Para esto se conformó una junta liquidadora que se encargará de hacer la clasificación de los créditos de los salserines, quienes se pueden conformar en cualquier tipo de organización de carácter legal contemplada en la LOT.
Ya van 15 cooperativas de Barrido Manual y Mantenimiento de Áreas Verdes adscritas a la municipalidad y conformadas por antiguos trabajadores del IMA. "Tenemos la razón y solicitaremos justicia. El tribunal debe apegarse a derecho, actuar dentro del marco jurídico de las leyes venezolanas y no responder a intereses políticos de un partido".
Victoria popular
Henry Ramírez, concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), instó a la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales a ejecutar de manera voluntaria la decisión del tribunal, que catalogó de justa y equilibrada. De no acatarla, aseguró que activarán diferentes mecanismos por la vía forzosa.
Hizo un canto de victoria popular sobre el amparo que beneficia a los salserines, humillados y perseguidos por un terrorismo laboral por parte de la Alcaldía marabina. "Seremos vigilantes y garantes para que se cumpla esta decisión. Esta lucha la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. La legalidad y la estabilidad laboral deben regresar a la ciudad".
Reconoció la labor de la jueza Gloria Urdaneta, quien a su juicio actuó apegada a derecho. "Nerio López actuó en representación de un sindicato, que tiene rango administrativo; y solicitó amparo ante una decisión administrativa de un órgano del poder público municipal que atentó contra el derecho al trabajo".
Cuando salga publicada en Gaceta Municipal la ordenanza de supresión del IMA, introducirán un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, alegando que la medida es arbitraria y viola la inamovilidad laboral.
No cuadran los números
Jairo Molero, síndico procurador de la Alcaldía de Maracaibo, aseguró que en las últimas dos semanas cerca de mil 100 trabajadores del barrido manual presentaron su renuncia y ya recibieron el pago de su liquidación y prestaciones sociales. Restan 930 obreros por sincerar su situación.
Este número es muy inferior a los mil 380 salserines que según Nerio López, representante sindical, esperan por su pago. Aseguró que desde hace un mes no perciben el salario, lo que califica como un despido indirecto.
"Estamos cansados del doble discurso de la alcaldesa, es una embustera y una falsa. La situación se puede agudizar, seguiremos en pie de lucha cualquiera sean la circunstancias; si ellos acatan la medida saldremos a limpiar las calles, sino lucharemos hasta las últimas consecuencias, conocemos nuestros derechos", precisó López.
Lucha politizada
El pasado martes entraron en funcionamiento las 15 nuevas Cooperativas de Barrido Manual y Mantenimiento de Áreas Verdes, que trabajarán en sustitución del IMA. Cinco se encargarán de las plazas, mientras que las 10 restantes limpiarán las calles y avenidas de la ciudad. Para la primera autoridad municipal, 300 trabajadores son suficientes para mantener limpia la ciudad.
Nerio López, representante sindical de los salserines, aseguró que la alcaldesa busca tercerizar el servicio para quedarse con un porcentaje de las ganancias. "Se quiere robar el dinero de los trabajadores, ya que estas empresas pertenecen a sus testaferros. Vamos a seguir planteando caminatas y tomas de la Alcaldía". El líder sindical reconoció que ésta es una lucha de clases, entre la cuarta y la quinta república.
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