Tras la decisión que tomó el Parlamento el año pasado, el mecanismo que garantizaba la repartición de recursos funcionó hasta el 31 de diciembre de 2010, para ser sustituido por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) desde enero de 2011.
Jorge Sánchez Meleán, economista, consideró que ante la desaparición del organismo, los grandes estados y municipios resultaron afectados, porque empezaron a recibir menos recursos este año.
El Fides se nutría de 15 por ciento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Hasta el año pasado manejó recursos por el orden de 2,7 millardos de bolívares fuertes.
El dinero manejado por el fondo era repartido entre estados y municipios, considerando su población, extensión territorial y desarrollo, explicó el analista.
Contrario al Fides, el nuevo FCI no distribuye recursos considerando la cantidad de habitantes y espacio geográfico de las regiones, sino que sólo toma en cuenta un indicador relativo de pobreza.
Esto quiere decir que un estado o municipio con menor desarrollo tendrá más ingresos por considerarse más pobre, aunque tenga una menor población que otro estado”.
En el caso del estado Zulia, sólo en 2010 el Fides garantizó recursos por un monto de 167 millones de bolívares fuertes, según se contempló en el presupuesto regional.
Sánchez aseguró que la entidad zuliana fue una de las más afectadas por la supresión del Fondo, puesto que empezó a tener menos recursos, pese a ser una región con una gran extensión territorial y cantidad de habitantes.
Pero el Fides no fue el único que desapareció, puesto que la AN eliminó también la ley de Asignaciones Económicas Especiales (Laee), que también contribuía a cubrir las necesidades de los estados y municipios.
Por concepto de Fides y Laee, en 2010 la entidad zuliana recibió 550 millones de bolívares fuertes, monto que se redujo a 330 millones de bolívares fuertes en 2011 con la entrada en vigencia del FCI.
Los recursos recabados por el IVA ahora son administrados por el Ministerio de Planificación y Finanzas, el cual autoriza la distribución a gobernaciones, alcaldías y consejos comunales.
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