El proyecto de Reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos fue aprobado este lunes en segunda y última lectura por la mayoría oficialista de la AN, 167 miembros, con el voto negativo de la bancada opositora, compuesta por una docena de diputados ex aliados del Gobierno.
La modificación amplió a los medios electrónicos la regulación que se aplicaba solo a la radio y la televisión.
El artículo 28 de la legislación establece que "los proveedores de medios electrónicos serán responsables por la información y contenidos prohibidos a que hace referencia" la ley.
Algunos de esos "contenidos prohibidos" son los mensajes que "inciten o promuevan el odio y la intolerancia, fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público, y desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas".
La reforma legislativa también señala que "los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes" que violen "las prohibiciones contenidas" en la norma, "cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias".
Se establecen sanciones que van desde "50 hasta 200 unidades tributarias" a los "responsables de los medios electrónicos" que incurran en la violación de la ley.
La diputada opositora Pastora Medina, reiteró este lunes tras la aprobación de la reforma legislativa que la misma "restringe, censura y autocensura", lo que, añadió, empeora el estado de las libertades en el país.
Asimismo, el legislador opositor Ismael García consideró que la reforma legal "es absolutamente violatoria de la Constitución, de la libertad de expresión y del libre ejercicio de la comunicación en el país".
Por su parte, el diputado oficialista Mario Isea dijo que la ley "no prohíbe ni controla el uso de Internet, sino que lo norma", como, explicó, ocurre en muchas países del mundo.
La reforma legislativa fue aprobada en una sesión permanente, declarada hace dos semanas por la mayoría oficialista, durante la cual se han sancionado una serie de leyes orgánicas que promueven el llamado Estado Comunal.
La amplia mayoría de diputados afectos al Gobierno también aprobó durante la sesión permanente una llamada Ley Habilitante, que concedió poderes especiales al presidente del país, Hugo Chávez, que le permitirán legislar por decreto durante 18 meses.
La AN se declaró en sesión permanente casi un mes antes de que se instale el nuevo Parlamento, emanado de las urnas el pasado septiembre, en el cual el oficialismo gozará de una mayoría simple pero no de la calificada necesaria para aprobar leyes orgánicas o poderes especiales para el Ejecutivo.
© EFE 2010.
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