Las liquidaciones, por "operaciones irregulares" y "pérdidas patrimoniales", figuran en la edición de hoy de la Gaceta Oficial, que detalla que el Banco Federal presenta un déficit acumulado equivalente a 2.061 millones de dólares.
Los "problemas de liquidez" del banco, añade el texto de liquidación, se expresan en "una brecha" de 1.128 millones de dólares, "entre activos liquidables y pasivos, problema que se amplía hasta 7.538 millones de bolívares (2.899 millones de dólares) si se consideran los depósitos y obligaciones a largo plazo".
Las otras cuatro empresas de Mezerhane liquidadas por el mismo motivo son el Federal Banco de Inversión, la sociedad mercantil Federal Fondo del Mercado Monetario, el Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela (Inverbanco) y la sociedad mercantil Caney, añade la publicación.
La Justicia de Venezuela declaró "procedente" el 26 de agosto pasado la solicitud de extradición de Mezerhane, acusado de delitos financieros y que se encuentra refugiado en Estados Unidos, donde ha reiterado que es perseguido político del Gobierno de Chávez.
Previamente, el 30 de junio, la Justicia ordenó la detención de Mezerhane, dos semanas después de que su institución financiera fuera intervenida por la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía acusa a Mezerhane de la presunta comisión de los delitos de "aprobación indebida de créditos, distracción y/o apropiación de recursos financieros, información financiera falsa, ocultamiento de información en declaración institucional, asociación para delinquir y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos".
La liquidación del Federal fue decidida el pasado 10 de agosto, cuando la Superintendencia dijo que vendería parte de sus activos para cubrir el pago de depósitos a sus clientes de las carteras de fideicomiso y cajas de ahorros, entre otros.
El caso de Mezerhane llevó a la unicameral Asamblea Nacional (AN) a aprobar en agosto pasado una reforma a la Ley de Bancos para impedir que accionistas de entidades financieras lo sean a la vez de medios de comunicación.
El vicepresidente del Ejecutivo, Elías Jaua, que presentó la reforma ante la AN, dijo entonces que se tomó esa decisión luego "de comprobar" que Mezerhane utilizó Globovisión para una intensa campaña publicitaria destinada a captar nuevos clientes y fondos para el Federal, a sabiendas de que era irreversible la intervención del banco.
"La reforma trata de evitar la perversa relación entre medios de comunicación e instituciones financieras que ha permitido la estafa a miles de ahorristas venezolanos", remarcó Jaua.
Al promulgar luego la reforma legal, Chávez entregó certificados estatales de pago de garantías a los clientes del Banco Federal y dijo que empresarios como Mezerhane "son unos ladrones, pero como son dueños de televisoras, de grandes capitales, van a correr todos a Estados Unidos, porque allí los protegen".
El director y asimismo accionista de Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien afronta un proceso penal por actividades supuestamente ilícitas paralelas a su condición de inversionista en medios de comunicación, dijo la semana pasada que pidió asilo político en Estados Unidos.
Zuloaga sostuvo que el trámite a su petición en Washington "está cerca de concluir", al tiempo que aseguró que no le quedó "más remedio" que pedir el asilo por ser "desgraciadamente" otro perseguido político de Chávez.
La Fiscalía lo acusa de "usura genérica" y "agavillamiento" (asociación para delinquir) por acaparar vehículos para venderlos luego presuntamente a precios especulativos, aunque también achaca su suerte a la línea antigubernamental de Globovisión.
Los "problemas de liquidez" del banco, añade el texto de liquidación, se expresan en "una brecha" de 1.128 millones de dólares, "entre activos liquidables y pasivos, problema que se amplía hasta 7.538 millones de bolívares (2.899 millones de dólares) si se consideran los depósitos y obligaciones a largo plazo".
Las otras cuatro empresas de Mezerhane liquidadas por el mismo motivo son el Federal Banco de Inversión, la sociedad mercantil Federal Fondo del Mercado Monetario, el Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela (Inverbanco) y la sociedad mercantil Caney, añade la publicación.
La Justicia de Venezuela declaró "procedente" el 26 de agosto pasado la solicitud de extradición de Mezerhane, acusado de delitos financieros y que se encuentra refugiado en Estados Unidos, donde ha reiterado que es perseguido político del Gobierno de Chávez.
Previamente, el 30 de junio, la Justicia ordenó la detención de Mezerhane, dos semanas después de que su institución financiera fuera intervenida por la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía acusa a Mezerhane de la presunta comisión de los delitos de "aprobación indebida de créditos, distracción y/o apropiación de recursos financieros, información financiera falsa, ocultamiento de información en declaración institucional, asociación para delinquir y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos".
La liquidación del Federal fue decidida el pasado 10 de agosto, cuando la Superintendencia dijo que vendería parte de sus activos para cubrir el pago de depósitos a sus clientes de las carteras de fideicomiso y cajas de ahorros, entre otros.
El caso de Mezerhane llevó a la unicameral Asamblea Nacional (AN) a aprobar en agosto pasado una reforma a la Ley de Bancos para impedir que accionistas de entidades financieras lo sean a la vez de medios de comunicación.
El vicepresidente del Ejecutivo, Elías Jaua, que presentó la reforma ante la AN, dijo entonces que se tomó esa decisión luego "de comprobar" que Mezerhane utilizó Globovisión para una intensa campaña publicitaria destinada a captar nuevos clientes y fondos para el Federal, a sabiendas de que era irreversible la intervención del banco.
"La reforma trata de evitar la perversa relación entre medios de comunicación e instituciones financieras que ha permitido la estafa a miles de ahorristas venezolanos", remarcó Jaua.
Al promulgar luego la reforma legal, Chávez entregó certificados estatales de pago de garantías a los clientes del Banco Federal y dijo que empresarios como Mezerhane "son unos ladrones, pero como son dueños de televisoras, de grandes capitales, van a correr todos a Estados Unidos, porque allí los protegen".
El director y asimismo accionista de Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien afronta un proceso penal por actividades supuestamente ilícitas paralelas a su condición de inversionista en medios de comunicación, dijo la semana pasada que pidió asilo político en Estados Unidos.
Zuloaga sostuvo que el trámite a su petición en Washington "está cerca de concluir", al tiempo que aseguró que no le quedó "más remedio" que pedir el asilo por ser "desgraciadamente" otro perseguido político de Chávez.
La Fiscalía lo acusa de "usura genérica" y "agavillamiento" (asociación para delinquir) por acaparar vehículos para venderlos luego presuntamente a precios especulativos, aunque también achaca su suerte a la línea antigubernamental de Globovisión.
0 comentarios:
Publicar un comentario