Granadillo explicó, de acuerdo con las nuevas providencias, tendrán tres días hábiles para entregar la información relacionada con las estructuras de costo del sistema productivo.
“En este momento, 482 personas participan en el operativo, los aspirantes a fiscales de la Superintendencia con los fiscales del Seniat realizan las auditorías en las empresas, que es el levantamiento de toda la información relacionada con las estructuras de costo. Las empresas están siendo notificadas y se les dará hasta 3 días hábiles para que entreguen los documentos acerca de los costos”, dijo Granadillo.
Acerca de qué empresas serán fiscalizadas dijo que “todas aquellas que estén relacionadas con los 18 rubros regulados formarán parte del proceso” y aclaró que esta fiscalización es muy importante “de cara al futuro de la superintendencia.
Por otra parte, en relación con el dominio del mercado en materia de oferta y demanda por parte de las empresas, explicó que “existen algunas que controlan la producción de varios productos que serán regulados, por lo que pueden decidir tanto la oferta como la demanda, al colocar el precio que les parezca optimo”.
La funcionaria señaló que la segunda fase de la fiscalización también está en marcha y consiste en el trabajo directo con lad comunidades.
“Estamos informando a la población acerca de qué son los precios,qué son los costos, qué hay detrás de la parte conceptual de la Ley”, explicó.
La revisión de costos no es una medida arbitraria sino necesaria
En relación con las recientes declaraciones del presidente de las empresas Polar, Lorenzo Mendoza, acerca de la Ley de Costos, la superintendente Granadillo afirmó que el “control de costos de los rubros no es una medida arbitraria sino necesaria”.
Asegura que el objetivo del Gobierno Nacional es la de proteger al pueblo venezolano, a través “de la revisión de sus actividades por medio de la información que ya tienen”.
Informó que las empresas deberán proporcionar todo lo necesario vía web y posteriormente se validará.
En ese sentido, enfatiza que en caso de que esa validación demuestre “que atentan contra el bienestar de la población, allí sí se tomarán medidas necesarias de acuerdo a la nueva Ley”.
Dictadura capitalista
La superintendente expresó que el instrumento jurídico acabará con la dictadura del capital que, hasta ahora, ha tenido plena decisión sobre los precios.
“El comportamiento monopólico de las empresas capitalistas permite que ellos no sólo manipulen la oferta sino que también establezcan los precios, lo que ha afectado el poder adquisitivo del venezolano, a pesar de las mejoras salariales dadas por el Gobierno”, dijo.
Granadillo explicó que la medida es un cambio histórico y trascendental, en el que se pone por delante al pueblo y se busca el equilibrio y la distribución equitativa.
“Ellos (los monopolios) tienen el dominio de la oferta y eso les ha permitido tener el dominio sobre los precios”, agregó.
Igualmente, alertó a la población sobre el desabastecimiento que, aseveró, “no es consecuencia de la aplicación de la ley. Si desaparece la producción es porque ellos están manipulando la oferta”, reiteró.
Subrayó que la medida no afecta el abastecimiento, pues explicó que los precios siempre van a estar por encima de los costos. “No es cierto que dada la medida no se pueda producir. Las empresas obtendrán una ganancia justa”, dijo.
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