En medio de la pérdida de unos 500 millones de dólares de los ahorros de los pensionados, Rafael Ramírez, presidente de la petrolera, se lavó las manos sobre el asunto.
El mes pasado, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional, el también ministro de Energía y Petróleo sostuvo que son los mismos jubilados quienes manejan sus recursos, de manera que exoneró a PDVSA de la responsabilidad sobre las irregularidades.
Pero más allá de lo expuesto por Ramírez, es la directiva de Petróleos de Venezuela la que tiene en sus manos el manejo del dinero de los trabajadores, tal y como lo establecen los Estatutos de la Asociación Administradora de los Fondos de Pensiones de los Jubilados.
Y es que "las decisiones respecto a cambios, liquidación, distribución, ajustes, administración y traspasos de la cartera de inversiones debe contar con la autorización previa y por escrito del directorio de PDVSA", de acuerdo con el artículo 13 de la normativa.
La junta administradora del fondo de pensiones de jubilados está conformado por seis directores principales, así como otros seis suplentes, quienes forman parte del directorio de la estatal Petróleos de Venezuela, según establece el artículo 18 de los estatutos.
El hecho
La olla de irregularidades administrativas se destapó recientemente, tras una investigación que se abrió en Estados Unidos en contra del banquero venezolano Francisco Illaramendi, quien utilizó recursos de los pensionados de PDVSA para realizar actividades fraudulentas.
MK Capital Management, firma propiedad de Illaramendi radicada en el país norteamericano, recibió en 2006 la autorización para invertir buena parte de los ahorros de los jubilados de la industria petrolera.
Ante las operaciones de fraude cometidas por la empresa MK, un tribunal de Estados Unidos congeló todos sus fondos, entre ellos los correspondientes a los pensionados de PDVSA.
Pese al escándalo, la estatal petrolera no ha asumido su responsabilidad en el asunto ni las autoridades venezolanas han iniciado investigaciones al respecto.
El artículo 22 de los estatutos que rigen el fondo establece que es responsabilidad de la junta administradora, presidida por el directorio de PDVSA, la autorización de inversiones de los recursos "adoptando las medidas necesarias para garantizar seguridad y rentabilidad".
Pero los fondos de los pensionados fueron atribuidos a una empresa que no sólo realizaba operaciones sin la documentación correspondiente, como advirtió la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), sino que carecía de auditorías externas y evaluaciones de empresas especializadas en calificaciones de riesgo.
Señalamientos
Julio Montoya. Diputado de la AN. Responsabilizó a Rafael Ramírez y Eudo Mario Carruyo, presidente y vicepresidente de PDVSA, del fraude cometido con el dinero de los pensionados.
Ismael García. Diputado de la AN. Pidió a la Contraloría investigar a altos directivos de PDVSA por el caso de la malversación de los recursos del fondo de pensiones de jubilados.
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