“Estuvimos en el Tribunal solicitándole a la jueza Gloria Urdaneta que estuviera vigilante, que notificará nuevamente a la nueva alcaldesa y a los concejales de AD, UNT y Primero Justicia, del desacato judicial en el cual pueden incurrir si siguen adelante con la aprobación de la ordenanza de supresión y eliminación del Instituto Municipal del Ambiente, porque hay un amparo cautelar dictado por este mismo tribunal que suspende el decreto 033, eso de marzo de 2010, y prohíbe la modificación, la reingeniería, la modificación de la estructura de la Alcaldía de Maracaibo”.
Ramírez afirmó “la reingeniería según el diccionario administrativo, consiste en la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos y estructura organizacional, es un sinónimo, reingeniería y restructuración es lo mismo. Le pedimos a la juez que notifique hoy, tal vez como salieron peleados con la anterior gestión, la alcaldesa, no sabe que existió, pero ese decreto de Daniel Ponne abarca todos los organismos municipales”.
El edil dijo que “esta desacatando la medida, consignamos la inspección judicial que se hizo para eliminar el IMA, nosotros votamos negativamente, así la jueza tendrá pruebas, evidencias de lo que quieren hacer, hay dos mil 700 salserines que quedarían desempleados”.
Ramírez recomienda “claro que aceptamos que hay problemas financieros, pero bueno baje la carga burocrática, que rebaje el sueldo de sus directores que ganan nueve mil bolívares, gastos suntuarios de escoltas, choferes, protocolo, bastante que se gasta en eso y de último toque a los salserines”.
Para Egda Vílchez, de la misma bancada, “destacamos la intencionalidad de entrar en desacato por eso pedimos que se notifique nuevamente de esta medida a las autoridades de la Alcaldía y al fiscal que lleva la causa. Si la alcaldesa quiere continuar con esa irregularidad de riengeniería, pues tendrá que responder a la justicia, porque burla la decisión de un Tribunal”.
Agregó “quien violenta la Ley es objeto de sanciones y en este caso van desde la prisión hasta la inhabilitación política para quien lo haga. Si van con su obstinación de manera retaliativa al sindicato de barrido manual, en la figura de Nerio López, y aprueban esa ordenanza le vamos a solicitar a fiscalía que aplique la medida”.
Contrariamente Jairo Bo, edil Psuv cuestionó que sus homólogos no lo convocaran a la actividad en tribunales “no me invitan a ese tipo de evento, no se trata de una particularidad, sino de una fracción política y podemos aportar ideas”.
“Que asuman su acción personalísima mis compañeros concejales, no comparto algunos procedimientos, rechazo la reingeniería porque no es botar hombres y mujeres a la calle, sino revisar la naturaleza de funciones de esas instituciones, para que vuelvan a lo que realmente son. Entiendo que son nueve paramunicipales que se suprimen y que generarán conflictos laborales por no consultar con los sindicatos, ni con nosotros en la Cámara”.
Maira Cecilia Perozo/Xiomara Solano
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